Injurias y calumnias

¿Cuándo existen injurias y calumnias? ¿Dónde están los límites cuando se manifiestas opiniones de otra persona?

Hoy en día en que se comparte una gran cantidad de información y opiniones a través de los medios de comunicación, muchas veces sin contrastar y principalmente a través de Internet, resulta interesante conocer qué protege nuestro ordenamiento jurídico con los denominados delitos de injurias y calumnias.


Si bien ambos delitos se encuentran englobados en nuestro Código Penal como delitos contra el honor, la realidad es que aunque pueden existir similitudes entre ambos, existen grandes diferencias.


En primer lugar, debemos tener en cuenta lo que se quiere proteger con cada uno de estos delitos, es decir, el bien jurídico protegido y que conductas se castigan.


¿Qué es una calumnia?


Respecto al delito de calumnias, el Código Penal es claro en su descripción indicando en su artículo 205 que se comete cuando una persona imputa a otra un delito con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Por ejemplo, el hecho de acusar a una persona de haberse quedado con dinero (lo que podría suponer un delito de apropiación indebida) o que ha realizado una falsificación, se podría tipificar como un delito de calumnias si dicha acusación se realiza sabiendo que es falsa o sin tener pruebas para ello.


¿Qué es una injuria?


Sin embargo, el delito de injurias tipificado en el artículo 208 del Código Penal, señala como tal aquella acción o expresión llevada a cabo por una persona hacia otra lesionando su dignidad, debiendo darse un ánimo de provocar ese daño.


Si bien antes de la reforma de nuestro Código Penal llevada a cabo en el 2015, existían las faltas de injurias, en la actualidad las mismas se encuentran despenalizadas.


No obstante, podrá seguirse como delito leve cuando la misma se dirija frente a una de las personas señaladas en el artículo 173 del Código Penal, esto es: cónyuge, persona que esté o haya estado ligada al acusado por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia, descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad.


¿Cuáles son las penas para las injurias y calumnias?


Así, teniendo en cuenta que los hechos castigados como este tipo de delitos son distintos, las penas a imponer también lo son.


De esta manera, el delito de injurias está castigado con una pena de multa de 3 a 7 meses, o de 6 a 14 meses si se comete con publicidad.


En cuanto al delito de calumnia, está castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 12 a 24 meses, y en otro caso con multa de 6 a 12 meses.


No obstante, en el caso de delito leve de injurias frente a una de las personas anteriormente mencionadas, se castigará con la pena de localización permanente de 5 a 30 días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de 5 a 30 días, o multa de 1 a 4 meses.


No obstante, existen una serie de aspectos que sí resultan comunes a ambos delitos, siendo estos los siguientes:

  1. Ambos requieren que necesariamente se interponga querella criminal, no pudiendo interponerse únicamente denuncia (salvo cuando la misma se dirija contra un funcionario público, autoridad o agente sobre hechos relacionados al ejercicio de su cargo).

     

    Esto significa, que no es suficiente acudir a la policía e interponer una denuncia, para este tipo de delitos es necesario acudir a un abogado penalista, que nos ayude y presente una querella.

     

  2. Previamente a la interposición de la querella, resulta indispensable para la admisión de la misma, la celebración del correspondiente acto de conciliación entre las partes, debiendo acompañarse a aquella, el certificado de la celebración de dicho acto.

     

  3. Si el acusado se arrepiente y reconoce ante el Juez la falta de veracidad de los hechos imputados y se retracta de ello, se impondrá la pena inferior en grado.

     

  4. El perdón del ofendido extingue la acción en ambos delitos.

     

  5. Para poder apreciar la reparación del daño, resulta necesaria la publicación o divulgación de la sentencia condenatoria a costa del condenado.

 




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